En nuestra condición de autoridades y académicos de la Universidad Católica de Temuco, estamos asistiendo una vez más con profunda preocupación a una escena que se ha repetido en el pasado reciente: la huelga de hambre de presos mapuche en las cárceles de la Araucanía y Bio Bio, hombres y mujeres que no tienen otro modo de comunicar la situación en que se encuentran, sino poniendo en peligro sus vidas. Entendemos que esta es una de las más radicales formas en que la violencia se manifiesta: auto-violentar el propio cuerpo como espacio vital.

El impase que se ha creado por la falta de una solución negociada ha llevado a los acontecimientos lamentables de este último fin de semana, en que hombres, mujeres y niños familiares de los huelguistas han ocupado instalaciones municipales para llamar la atención de las autoridades, lo que ha instigado y puesto a la luz pública el racismo de una parte de la población contra los mapuche.

Vivimos en un territorio donde la violencia se ha convertido en el más significativo y gravitante mecanismo de interacción entre los distintos actores que en desigual condición de poder lo habitan. Constatamos como la violencia en sus distintas expresiones, -económica, institucional, ecológica y cultural-, se ha constituido lamentablemente, en la clave fundamental para entender nuestra presente y futura dinámica sociocultural. 

El protagonismo de la violencia no es gratuito, nos remite como causa necesaria a una crisis que durante demasiado tiempo no se ha resuelto: la permanente vulneración de los derechos hacia los pueblos indígenas. A estas alturas, es evidente que una convivencia no violenta sólo será posible en la medida en que se genere un sentimiento de justicia entre los distintos actores y la confianza en que la institucionalidad les tratará de manera justa. Sin embargo, el Wallmapu hoy día es paradigma del fracaso de la convivencia, de la confianza social y de la gobernanza.

Los sucesivos y reiterados análisis y diagnósticos están hechos y son claros y contundentes, y varios son los documentos e informes solicitados desde el retorno de la democracia para atender el problema de raíz histórica que afecta a nuestras regiones, con sus secuelas de segregación social, pobreza y violencia. El más reciente fue el documento elaborado por la Comisión Presidencial designada por la Presidenta Michelle Bachelet y entregada en el Palacio de la Moneda, en Santiago, el 23 de enero de 2017, que abordó distintas materias destinadas a lograr la paz en la región.

Asimismo, existen numerosos instrumentos internacionales que garantizan una serie de derechos a los pueblos indígenas del mundo, instrumentos en su mayoría ratificados por el Estado chileno (Convenio 169 de la OIT, 1989. Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU 2007) y que podrían colaborar en descomprimir la situación en cuanto se ejerzan debidamente.

Sin embargo, los avances no han sido los esperados, y en medio de la pandemia y la crisis sociopolítica que afectan al país, hemos escuchado llamados a profundizar la militarización de la región desde el propio gobierno, lo que nos retrotrae al escenario del siglo XIX, en que fueron las armas las que impusieron la razón sobre este territorio.

Muchas han sido las voces en el país que han advertido que la situación de los presos mapuche debía ser atendida con urgencia y sentido social, por el potencial de conflicto que entraña. Por nuestra parte, como Institución vinculada a una Iglesia que lucha por la dignidad de las personas, contra el racismo, por la justicia y el derecho a la vida, y comprometida, desde su misión, a responder a las problemáticas regionales, pedimos a las autoridades nacionales y regionales satisfacer las demandas de los presos mapuche a fin de evitar desenlaces fatales y procurar por todos los medios posibles una relación más armónica con quienes se han sentido siempre discriminados, empobrecidos e invadidos por el Estado. 

Abogamos por la aplicación del Convenio 169 de la OIT para la situación de todos los presos mapuche, y en particular por el derecho del Machi Celestino Córdova de asistir a su Rewe para cumplir con sus deberes de autoridad religiosa en su lof mapu o espacio territorial. Una medida de este tipo contribuirá a la recuperación de su salud y al restablecimiento de las confianzas, base necesaria para poder empezar a pensar en un Wallmapu sin racismo, justo y en paz. 

José Quidel – Cátedra Fray Bartolomé de las Casas

Jorge Pinto y Gabriel Llanquinao – Instituto Ta iñ Pewam

Gertrudis Payàs y Fabien le Bonniec – Núcleo de Investigación en Estudios Interétnicos e Interculturales

Ricardo Salas – Doctorado en Estudios Interculturales

Mario Samaniego – Magister en Estudios Interculturales